La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña confirmó hoy, viernes 26 de diciembre, el procesamiento del cabo de la Gendarmería Héctor Jesús Guerrero por disparar una granada de gas lacrimógeno directo a la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, provocándole lesiones que casi lo matan, durante la represión a una marcha de jubiladas y jubilados, el 12 de marzo de este año, ordenada y comandada por Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Javier Milei.
Así, el cabo de Gendarmería fue imputado como «autor penalmente responsable del delito de lesiones gravísimas, agravadas por abuso de su función como miembro integrante de una fuerza de seguridad, en concurso real con el de abuso de armas agravado por abuso de su función como miembro integrante de una fuerza de seguridad». Además le ordenaron un «embargo por $35.000.000 sobre sus bienes».
En su resolución, los jueces consideraron demostrado que el gendarme Guerrero efectuó al menos seis disparos en la tarde del 12 de marzo de 2025, entre las 17 y las 17:22 horas, con un arma lanzador de gases lacrimógeno en posición horizontal y hacia el grupo de manifestantes, uno de los cuales impactó en la cabeza de Grillo y le causó «lesiones graves y gravísimas». En esa línea, el tribunal consideró que uno de esos disparos – identificado como el «disparo 4» – atravesó primero una estructura de madera y luego impactó en la cabeza del fotógrafo, sin que el proyectil perdiera velocidad ni trayectororia, lo cual fue corroborado por los peritajes médicos y técnicos.
Los jueces Farah, Irurzun y Boico destacaron que «el manual del fabricante del arma prohíbe expresamente disparar cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra personas, advirtiendo que esa práctica provocó anteriormente muertes y heridas gravísimas». Siguiendo esa argumentación, los jueces consideraron que Guerrero disparó de modo negligente a consciencia y que se trató de un dolo eventual y, con respecto a los restantes disparos, entendieron que actuó con dolo directo al exponer objetivamente a un grupo de personas a un peligro concreto.
En tanto, en un fallo dividido, la cámara también confirmó el procesamiento del prefecto Sebastián Martínez por disparar contra Jonathan Navarro (hecho por el cual perdió la visión en un ojo). Además, rechazando los argumentos de la defensa de Guerrero, la Cámara consideró que lejos de exculpar al gendarme criminal, las características del arma deberían haberlo llevado a reforzar el cuidado en su uso, por su potencialidad de riesgo de causar lesiones graves al ser disparada directo hacia grupos humanos.
En su voto, el juez Roberto Boico planteó expresamente la necesidad de profundizar la investigación sobre las autoridades a cargo del operativo. Es decir, Patricia Bullrich.
